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sábado, 6 de noviembre de 2010

Juicios Orales: ¿Derecho a la Verdad o Derecho a Mentir?


La Justicia y la Palabra
Juicios Orales: ¿Derecho a la Verdad o Derecho a Mentir?
Revista Este País No. 234, octubre 2010, México

Para que la oralidad funcione se requiere "tener palabra". Un esquema que apuesta a lo inmediato, a lo presencial, al dicho de cada uno por sobre lo "frío" de un expediente y un papel, debe tomar en cuenta los factores culturales sobre nuestra concpeción de la verdad y la mentira.

¿Se vale mentir en un juicio? Es decir, ¿cuando alguien es acusado puede negar los hechos como una estrategia de defensa e incluso mentir para eludir sus responsabilidades?

¿Estamos obligados ética y jurídicamente a decir la verdad, o tenemos cierto derecho a mentir para que "la carga de la prueba" sea de quien formula la acusación?

¿Es impune la mentira en los procesos? ¿Debe serlo?

¿Qué ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto?

Y lo más importante: ¿Qué ha cambiado en el contexto de la verdad y la mentira a partir de la reforma hacia la oralidad en la justicia penal.

De eso trata este artículo.

[leer el texto]

La Reforma y los Juicios Orales en México


La Justicia y la Palabra
La Reforma y los Juicios Orales en México
Revista Este País, No 232, agosto 2010, México

¿Qué significa la reforma al sistema de justicia penal en México?
¿Cuáles son los cambios estructurales que contiene la reforma constitucional?
¿Significa esta reforma alguna esperanza real en materia de seguridad pública y paz social?
¿Un sistema de libertades y derechos es un aliado o un desafío para las instituciones de investigación y persecución del crimen?
¿La prisión es la única salida y la única opción para la justicia penal o existen otras alternativas que satisfagan a la víctima y reintegren a los "delincuentes" a la sociedad?

Hay muchas preguntas que merecen una respuesta o al menos una reflexión sobre ellas.

Con este artículo inicia la sección "La Justicia y la Palabra" y en su texto se abordan los rasgos esenciales de este nuevo modelo constitucional que regirá la relación entre conductas delictivas, investigación, acusación, resolución, condena y ejecución de penas.

[ver el texto]

La Justicia y la Palabra en Este País



A partir del mes de agosto de 2010, se inauguró la sección "La Justicia y la Palabra" en la Revista Este País, Tendencias y Opiniones, fundada por Federico Reyes Heroles y dirigida por Malena Mijares.

En esta sección se abordarán de la manera más sencilla posible, algunos aspectos importantes en relación con la reciente Reforma al sistema de Justicia Penal en nuestro país.

Este cambio hacia los "juicios orales" significa sin duda una gran transformación en donde las libertades y garantías individuales exigen una mayor profesionalización, capacitación y remuneración para quienes tienen a su cargo el orden y la seguridad pública, así como la procuración e impartición de la justicia.

Espero que en algo aporten las ideas que se publicarán en ese espacio.

En este Blog, cada artículo se vuelve el pretexto para una discusión abierta sobre su contenido.

Alfredo Orellana

martes, 2 de noviembre de 2010

Informe Anual del Ministro Presidente de la Suprema Corte 2010


El Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia presidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2007 a 2010.

En su gestión se cumplieron 15 años de la Novena Época Judicial, que comenzó en 1995 tras la reforma que derogó a la Corte anterior y decretó el retiro de todos los Ministros de entonces, para integrar un nuevo Pleno de once nuevos Ministros, entre los que estaba Ortiz Mayagoitia. Así nació una Corte revestida de atribuciones que la convirtieron en el Tribunal Constitucional del Estado Mexicano.

Cuando asumió la presidencia, Ortiz Mayagoitia tuvo la visión de crear una oficina dedicada a la planeación y seguimiento estratégico de sus líneas generales de trabajo (su plan de gobierno). Una oficina dedicada a la vinculación institucional y al cuidado de una naciente imagen pública cuidada, vigorosa en su capacidad informativa pero modesta en sus afanes protagónicos. Así nació la primer Coordinación de Asesores de la Presidencia, que tuve el honor de dirigir durante los cuatro años.

Dado que el sitio oficial de la Corte no ha subido el texto del informe y el Suplemento Especial de la Revista "Compromiso", el órgano oficial de divulgación del Poder Judicial de la Federación, he decidido aprovechar este espacio para compartirlo con todo interesado.

Es el último trabajo de la Coordinación de Asesores a mi cargoy refleja de alguna forma, el gran honor que representó haber colaborado con el Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, tanto para mi como para todos los integrantes de la oficina, durante este cuatrienio de la transparencia, la información y la apertura.

[Informe 2010]

[Informe 2010, PUBLICACION]

[ANEXO DOCUMENTAL 2010]

[Informe de la Coordinación de Asesores]

lunes, 1 de noviembre de 2010

Mi participación en el proceso IFE-2010




MI PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE
CONSEJEROS ELECTORALES DEL IFE 2010.
31 DE OCTUBRE DE 2010
ALFREDO ORELLANA MOYAO

La mejor forma de agradecer a quienes apoyaron mi participación en el proceso de selección de Consejeros Electorales del Consejo General del IFE 2010, es dar cuenta del resultado que obtuve. Esa finalidad motiva estas líneas:

Desde mi perspectiva, quienes acudimos a la convocatoria de la Cámara de Diputados debíamos estar al tanto de tres condiciones que determinarían nuestro éxito en el proceso:

1. Condiciones de elegibilidad, es decir, llenar los requisitos formales para ser Consejero Electoral y no estar en alguno de los supuestos que impiden acceder a ese cargo. Al parecer los 146 aspirantes registrados pasamos este primer filtro de legalidad.

2. Condiciones de capacidad, que se refieren al conocimiento, la experiencia y el perfil profesional que acredita la aptitud para ejercer el cargo. Fuimos considerados idóneos 136 aspirantes tras este filtro técnico.

3. Condiciones políticas, es decir, la viabilidad de que un grupo parlamentario haga suya la propuesta para llevarla a negociaciones y votaciones más avanzadas en el proceso. Se integró un listado de 17 personas a partir de esta selección política. Yo no estuve en ese listado.

La fracción V, párrafo tercero del artículo 41 de nuestra Constitución Política establece que los consejeros electorales “serán elegidos…por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios…”

Todo el proceso de convocatoria y consulta pública tiene por objeto garantizar que los ciudadanos interesados cumplan los requisitos de ley, que no tengan impedimentos para llegar al cargo y que cuenten con credenciales profesionales, académicas y técnicas para desempeñar las funciones que corresponden a los consejeros electorales. A todo ello, sigue una decisión de orden estrictamente político y parlamentario que está en el ámbito de los partidos políticos y sus grupos de legisladores.

Nada hay de sorpresivo en ello. Son los grupos parlamentarios de los partidos políticos los únicos facultados para llevar propuestas de Consejeros Electorales al seno de la Junta de Coordinación Política y al Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Como aspirante, asumí ese contexto normativo y constitucional. Me aseguré de cumplir los requisitos de ley y procuré el apoyo y respaldo de las instituciones académicas, sociales y gremiales que me distinguieron con sus escritos formales dirigidos a la Comsión de Gobernación de la Cámara de Diputados. Con ello cumplí las condiciones de idoneidad legal y profesional.

Para la parte política hice mi mejor esfuerzo para acercarme a los partidos políticos, a sus dirigencias y grupos parlamentarios para exponer mis ideas, mis preocupaciones y mis propuestas, dentro de los tiempos y formas que fueron posibles.

Si bien no he militado en partido político alguno, a todos ellos les ofrecí -en caso del llegar al Consejo General del IFE- la mayor empatía con sus causas y dilemas, pero jamás comprometí simpatías ni antipatías (filias o fobias) y debo decir que ningún partido siquiera insinuó cosa semejante.

La Convocatoria prohibía reuniones o entrevistas después de la inscripción al proceso de modo que con mi registro terminó toda oportunidad de acercamiento personal con los señores diputados.

La Comisión de Gobernación de la Cámara de los Diputados se esmeró por dar transparencia y publicidad al proceso. Anunció su determinación por alcanzar unanimidad como símbolo de consenso y así, se integró el dictamen en el que se incluyeron 17 nombres que la Comisión consideró legal, profesional y políticamente adecuados para que los Grupos Parlamentarios eligieran sus propuestas para llevarlas al Pleno de la Cámara.

En suma, es indudable que los Grupos Parlamentarios son los cauces de la representatividad y la decisión en el Congreso de la Unión; a ellos les resultaron más cercanos, más afines y más confiables los ciudadanos expresamente incluidos en la lista de 17 nombres.

No creo que los demás ciudadanos participantes debamos acusar agravio alguno por ese motivo. Yo no lo hago.

Existen claramente aspectos que pueden mejorar, etapas que pueden afinarse e incluso hay cuestiones de fondo que merecen reflexión. Pero este es el proceso que tenemos y a él me sometí con entusiasmo y responsabilidad.

Estimados amigos:

Viví un proceso ordenado y respetuoso, hasta donde pude yo atestiguar.

A la Cámara de Diputados, a los partidos políticos, a sus grupos parlamentarios, a la Comisión de Gobernación, al Instituto Federal Electoral y a todos los ciudadanos inscritos al proceso, mi respeto.

A todos ustedes, mi sincero, público y respetuoso agradecimiento.


Alfredo Orellana Moyao